Últimamente, las “denuncias falsas” han sido un foco de discusión que aparece de forma frecuente en diferentes medios y esferas públicas y jurídicas.
En las líneas que siguen trataremos de desglosar qué elementos son más importantes que hemos de conocer para ubicarnos ante esta clase de situaciones. Empezaremos por el principio, ¿Qué significa exactamente una acusación falsa?
Primero, ¿Qué es una denuncia falsa?
Lo primero que debemos saber es que el significado jurídico de una denuncia falsa se encuentra recogida, en España, en el art. 456 del Código Penal, y se entiende como ”la imputación de una infracción de carácter penal por parte de una persona a otra u otras, siendo consciente la primera de la falsedad de dicha acusación y/o realizándola desde un temerario desprecio de la verdad”; este desprecio se refiere al escenario en que la persona denunciante no cuenta con la certeza de la veracidad o falsedad de la imputación, y aun así la lleva a cabo.
Una acusación falsa constituye un delito de entre los denominados “pluriofensivos”. Como su propio nombre indica, estas infracciones son aquellas que ofenden de forma plural: tanto al honor del sujeto o sujetos acusados como, en este caso, a la Administración de Justicia:
- Respecto al honor de la persona imputada, este se considera afectado desde la obligación por parte de la Justicia de admitir toda querella en la que los actos denunciados sean constituyentes de un delito. Esto hace que la persona imputada pase desde ese momento a la posición de “investigado”, quedando reflejada dicha situación procesal en la imputación.
- En torno al delito contra la Justicia, tiene que ver con los esfuerzos injustificados que la Administración lleva a cabo, así como lo perjudicial para su prestigio por el hecho de ser engañada o tomar decisiones injustas debido a una acusación basada en hechos falsos.
Castigos asociados al delito de falsa imputación
Como en cualquier otro delito, la sentencia de una denuncia falsa contempla un castigo regulado por el Código Penal, el cual variará dependiendo la gravedad de la infracción falsamente imputada:
- Podrá considerarse delito leve, conllevando una multa de 3 a 6 meses de duración.
- A continuación, encontramos la denominación intermedia de delito “menos grave”, para el que se contemplan multas de entre 1 y 2 años de duración.
- Por último, la categorización de delitos graves conllevan tanto pena de prisión, de 6 a 12 meses como multa de 1 a 2 años.
Sea como fuere, es importante recordar que no se puede proceder al castigo hasta la sentencia o sobreseimiento de la denuncia falsa, y que el juez pueda proceder de oficio contra el acusador si encuentra indicios suficientes de dicho engaño, de forma que no procedería iniciar otro proceso posterior.
¿Cómo saber si una denuncia es falsa? Condiciones que lo determinan
Primero, es importante aclarar que no podemos declarar la falsedad de una acusación hasta que un juez encargado de la querella desencadenada por la falsa imputación no la resuelve como archivada o sobreseída. Esto significa que, cuando se valore la denuncia, el juez o tribunal entiende que no hay muestras de haberse dado el delito, y no se continúa con su instrucción.
Pero no todas las sentencias sobreseídas o archivadas tienen por que ser falsas. Esto puede ocurrir por carencia de indicios, lo que puede no implicar que la infracción sea falsa, sino que la autoridad no es capaz de estimar quién los cometió.
Una denuncia falsa puede ser presentada por cualquier sujeto y se identifica como tal cuando cumple los siguientes requisitos:
- Que dicho sujeto haya realizado una imputación contra una persona en la que la identifica como autora de unos hechos.
- Que los hechos descritos constituyan una infracción de carácter penal.
- Que esos hechos queden manifiestamente demostrados como falsos.
- Que la imputación se haya realizado frente a una autoridad que esté obligada actuar ante la misma.
- Que haya conciencia de la falsedad, es decir, que se actúa de mala fe para perjudicar los intereses del imputado.
Si se dan estas circunstancias, una vez la imputación se ha archivado o sobreseído, el juez puede actuar contra el denunciante que ha acusado falsamente, considerando que hay indicios suficientes para entender tanto la falsedad de la acusación como la conciencia de dicha falta de verdad por parte del denunciante.
Si el juez no lleve a cabo esta actuación en el propio proceso de sobreseimiento o archivo, una querella falsa constituye un delito, pero debemos tener en cuenta su diferenciación de otras infracciones similares.
Delitos similares con los que debemos evitar confundirnos
Es muy importante no confundir y entender las diferencias entre una denuncia falsa y:
- Simulación de delito: Es un caso semejante pero no idéntico, ni en forma ni en las penas que conlleva. La diferencia radica en cuándo se inicia el proceso judicial. En la simulación, esta se da tras un momento en que el sujeto que dice ser víctima o autor del delito actúa como si dicho delito hubiera sucedido frente a una autoridad, y es después cuando se presenta el litigio. Un ejemplo sería alguien que va a comisaría a denunciar ser víctima de una agresión que no ha sufrido y es a continuación cuando pone la denuncia.
- Delito por presentar falsos testigos: Recogido en el artículo 461 del Código Penal, este delito no implica la falsedad de los hechos descritos, sino, habitualmente, la presentación de testigos falsos que favorecen los intereses de quien los presenta.
- Delito de falso testimonio: Este delito recoge aquellas declaraciones de testigos que son mentira y se realizan conscientemente en beneficio de alguna de las partes, pero no tienen por qué implicar que los hechos de la acusación sean falsos.
Dicho esto, podemos valorar qué ocurre y cuáles son los pasos a seguir ante una acusación falsa.
¿Cómo actuar ante una denuncia falsa?
En este caso, hablaremos de dos fases diferenciadas. Primero, aquella que se da hasta el sobreseimiento o archivo de la causa y, después, las posibilidades de persecución del delito.
Hasta el sobreseimiento o archivo de la imputación
Primero, debemos tener presente que estas denuncias pueden conllevar detención o no, lo cual marcará la diferencia de la forma de actuación al notificarse la denuncia. Otro elemento a tener en cuenta desde el principio es lo importante que es tener un abogado especializado en este tipo de situaciones.
A continuación, debemos buscar y recoger todas aquellas pruebas que puedan ayudarnos a demostrar que el delito no se ha dado. En caso de estar detenido, debemos darle indicaciones a nuestro abogado, que será nuestro abogado quien, a partir del contacto con personas cercanas, pueda reunir estos indicios o pruebas por nosotros.
Hecho esto, será el profesional jurista quien desarrolle una defensa estratégica del caso orientada a la demostración de la falsedad de los hechos imputados y el archivo o sobreseimiento de la querella con su consiguiente absolución.
Una vez se ha dado el sobreseimiento o el archivo de la denuncia
Si quisiéramos tomar medidas ante la situación, existen diferentes escenarios posibles, y en cada caso será más recomendable tomar una decisión u otra.
Es decir, si el archivo se ha dado por carencia de pruebas de que se haya practicado el delito (hay dudas alrededor de quién lo ha realizado) es improbable que se pueda probar que esa denuncia es falsa, ya que no se ha considerado que haya una falsedad manifiesta en el desarrollo de los acontecimientos descritos, sino solo que no se puede probar quién los llevó a cabo.
Por otro lado, si la absolución se basa en pruebas que llevan a dudar del testimonio de la persona denunciante y dan lugar a un escenario en el que se evidencia que los hechos no tuvieron lugar, resulta adecuado contemplar una actuación legal, la cual puede no resultar necesaria si, como hemos dicho, el magistrado actúa de oficio ante el archivo de la propia causa.
En conclusión, aunque el porcentaje de querellas resueltas como manifiestamente falsas en España es reducido, no deja de ser conveniente conocer las vías de actuación y regulación por las que estos procedimientos llevan su cauce a nivel jurídico y legal.
Y, ante todo, también debemos ser conscientes de la importancia de contar con un abogado especialista que nos asesore y guíe durante ese proceso para asegurar, finalmente, la mejor resolución posible para nuestros intereses.